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COMUNICADO DE PRENSA

16/03/2018

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias cuenta con personal profesional, altamente cualificado y seleccionado con estricto cumplimiento de los principios constitucionales y legales de aplicación.    

 

La Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias tiene plenas competencias para desarrollar su organización y régimen jurídico de acuerdo con su ley reguladora y las disposiciones que la desarrollan. En despliegue de esa capacidad, la Sindicatura de Cuentas aprobó su vigente relación de puestos de trabajo (RPT), con carácter definitivo y por unanimidad de su Consejo, el 17 de febrero de 2017. Asimismo, la vigente relación de puestos de directivos (RPD) fue aprobada, también con carácter definitivo y por unanimidad del Consejo, el 23 de febrero de 2017. Ambos documentos están publicados en el BOPA del 6 de marzo de 2017, así como en el Portal de Transparencia de la Sindicatura de Cuentas, con vigencia desde entonces.

Como es sabido, la RPT es el instrumento técnico de planificación, a través del cual se realiza la ordenación del personal de una organización, de acuerdo con las necesidades de los servicios y debiendo incluir, en todo caso, la denominación y características esenciales de los puestos, las retribuciones que les correspondan, los requisitos para su desempeño y su forma de provisión. De forma análoga, la RPD planifica y ordena los puestos que desarrollan funciones directivas profesionales.

Contra la RPT y la RPD aprobadas en 2017 fueron presentados recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), por parte de los sindicatos USIPA, CCOO y CSI-CSIF. Con fecha de 26 de febrero de 2018, se tiene conocimiento de una sentencia del TSJA, cuyo contenido se sintetiza a continuación (las referencias entrecomilladas son citas literales):

- Se desestima la pretensión de nulidad o anulación de la RPT y la RPD por una supuesta "falta de verdadera negociación con la parte social". Los magistrados entienden que "se ha cumplido suficientemente el incluido tramite".
- Igualmente se desestima la pretensión del recurrente por una supuesta "falta de consideración previa de la Mesa de la Junta General del Principado de Asturias". El TSJA sentencia que "no procede apreciar la nulidad de pleno derecho argumentado en ese sentido".
- También se desestima la pretensión del recurrente cuando alega que la RPT es superior a la plantilla. El TSJA, tras aclarar conceptualmente al sindicato la diferencia entre plantilla, RPT y oferta de empleo público, termina por validar el planteamiento de la Sindicatura de Cuentas.
- Vuelve a impugnar el recurrente la RPT, en este caso, por la supuesta "omisión de las «características esenciales» de los puestos de trabajo en la RPT y el uso de «fichas» que tampoco han sido negociadas con la parte social". Y de nuevo la sentencia deniega validez a este motivo.
- El sindicato recurrente señala "su negativa a los cuerpos de fiscalización abiertos", esto es, "a la apertura de los puestos en técnicos en auditoría y auditores de forma indiscriminada (sic) a cualquier cuerpo de funcionarios y más concretamente, a los cuerpos generales de secretaría-intervención e intervención-tesorería". La sentencia, además de recordar que este sistema ya constaba en la RPT de 2008, concluye que "no habiendo reserva legal de las funciones a favor del cuerpo de auditores", es decir, ninguna norma legal que establezca esa restricción, "la RPT se ajusta a la legalidad".
- Con relación a la RPD -en realidad, integrada por un único puesto de trabajo, el director de fiscalización- la sentencia establece que "no procede su provisión con arreglo al procedimiento de libre designación".
- Por último, el sindicato recurrente alegó contra la provisión contenida en la RPT para los puestos de auditor, técnico de auditoría, ayudante de auditoría y letrado, por la modalidad de concurso, incluyendo unas pruebas específicas para demostrar determinados conocimientos profesionales, tal y como prevé la ley. Aquí la sentencia del TSJA anula esta forma de provisión y declara la obligación "de establecer para dichos puestos la forma de provisión de concurso ordinario de méritos".

En conclusión, la Sindicatura de Cuentas del Principado de Asturias muestra su satisfacción por mantenerse en todos sus extremos la vigencia de la RPT y la RPD de 2017, con la única excepción de los cambios obligados por la sentencia, relativos a la concreta forma de provisión de algunos puestos de trabajo. La sentencia será cumplida en todos sus términos, como no puede ser de otra manera, modificando en concreto los aspectos en los que así se ha pronunciado el TSJA. Por otro lado, las personas que trabajan en la actualidad en la Sindicatura de Cuentas no se ven en modo alguno afectadas en sus puestos de trabajo, ya que fueron obtenidos en cada momento con procedimientos de concurso o concurso-oposición, según el caso, pero siempre bajo estrictos parámetros de legalidad.

En el ámbito de fiscalización, donde el principio de contradicción entre las partes es un elemento consustancial a dicha función, debe siempre partirse de argumentos rigurosos, en ocasiones, legítimamente discrepantes, pero en modo alguno basados en falsedades, apriorismos o fuentes sin contrastar. No parece honesto ni ético tratar de confundir a la opinión pública, bajo el pretexto de una excesiva simplificación, por ejemplo, señalando que la Sindicatura de Cuentas "contrata" a personal, cuando lo cierto es que "selecciona" al personal funcionario en convocatorias públicas. Ni siquiera son ciertas las cifras de personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas que, en estos momentos, son 24 personas, a las que habría que sumar los tres síndicos y la secretaria general. Tampoco se puede admitir que determinadas especificidades de los concursos sean mecanismos "a dedo" o "a la carta", puesto que tal cosa no es posible ni tiene cabida en un órgano de control externo.

Finalmente, no resulta buena praxis la de comprometer la dignidad personal o la profesionalidad de quienes desempeñan su trabajo de una forma responsable y cabal, incluyendo aquí tanto al personal al servicio de la Sindicatura de Cuentas, como a personas potencialmente interesadas en los procesos selectivos futuros, como incluso a quienes han formado parte o lo harán de las comisiones independientes de valoración, en ese último supuesto, provenientes del mundo universitario y de otros órgano de control externo.

 

Sentencia y anexo normativo